Los informes sobre la corrupción suelen concluir de manera unánime que hoy en día la causa primera de la corrupción pública se encuentra en la contratación. Por eso es tan importante reflexionar sobre lo que es y lo que supone la buena administración de la contratación pública. Una administración que comienza por tener muy claro que debe seleccionar las ofertas o propuestas que, en el marco de los criterios de adjudicación, sean las más pertinentes para la mejora de las condiciones de vida de quienes van a ser usuarios de servicios de servicios públicos, de bienes públicos o de infraestructuras de interés general.
Una buena administración del contrato reclama, como es lógico, planeación estratégica y, por su supuesto, racionalidad en el gasto. Es necesario prever con tiempo el objeto de los contratos y preparar muy bien las referencias y las demás fases del procedimiento, especialmente la ejecución. La Unión Europea lleva trabajando años en el tema y las sucesivas Directivas que ha aprobado van en esta dirección, a pesar de las resistencias numantinas que encontramos en procedimientos antediluvianos, con farragosos y oscuros pliegos, con una proverbial improvisación, con una ausencia alarmante de racionalidad en muchas adjudicaciones y, sobre todo, en un marco de dominio de la política en la gestión del tiempo de adjudicación y, en ocasiones, de la ejecución del contrato.
Una buena administración del contrato público reclama actuar de acuerdo con el servicio objetivo a los intereses generales. Es decir, servicio a la comunidad, a la ciudadanía, una gestión integrada y articulada que parte de la sencillez, la simplicidad, la eficiencia, la eficacia y la racionalidad. Una racionalidad, que además de plantear nuevas formas de afrontar técnicamente esta cuestión, reclama una digna y exigente motivación de las adjudicaciones y de todas aquellas decisiones en las que está en juego la discrecionalidad o la capacidad de apreciación de los Entes públicos en orden de seleccionar las mejores ofertas. Es más, en esta materia nos jugamos la legitimidad y el prestigio de la contratación pública.
La eficiencia, por su parte, en cuanto exigencia de la racionalidad, significa buscar resultados efectivos, con un coste digno, y significa también rigor en las cuentas. Las apelaciones a la eficiencia en las reformas de la contratación pública, son constantes.
Sin pliegos claros, concretos, concisos, completos y precisos es muy difícil, prácticamente imposible plantar cara a esa lacra social que hoy, a pesar de los pesares, sigue consumiendo millones y millones de euros ante todos nosotros. Sin controles independientes no hay nada que hacer, y sin funcionarios bien preparados y con sólidos compromisos éticos el combate a la corrupción es una quimera.
La experiencia a nivel mundial enseña que es menester contratar mejor, contratar con arreglo a los parámetros de una buena administración. Para ello es necesario comprar mejor buscando el mejor servicio o la mejor infraestructura para los ciudadanos. En este sentido debe mejorarse la transparencia, buscar la mejor solución para la ciudadanía de acuerdo con los recursos disponibles, lograr el mejor resultado en el plazo más breve posible, facilitar la competencia, igualdad y la máxima publicidad, un mayor compromiso con la integridad con todos los actores del procedimiento licitatorio y, finalmente, que se produzca una adecuada rendición de cuentas con el fin de que los ciudadanos estén enterados del comportamiento del sistema y, si no están conformes, puedan expresar sus inquietudes o críticas más allá de los recursos pertinentes.
En este punto es capital la orientación al resultado desde el punto de vista del coste beneficio. Obviamente, no se trata de un coste beneficio medido únicamente desde la rentabilidad económica para la Administración, que también debe considerarse, se trata, sobre todo, de que la calidad de la obra el servicio sea satisfactoria para los ciudadanos.
En cualquier caso, la orientación al resultado, en un marco de servicio objetivo al interés general, supone subrayar y enfatizar la planificación, la gestión y el control de la contratación pública. Desde este planteamiento, que debe superar el hiperformalismo actual producto del ambiente de sospecha general sobre el operador de la contratación pública, hay que centrarse en la oportunidad, efectividad, calidad e impacto positivo de las contrataciones aplicando también, porque es complementario, instrumentos modernos de control y auditoría. Sin previsibilidad, planeación, gestión y rendición de cuentas no hay buena administración de la contratación.